Un fiscal de Perú exculpó al expresidente Alberto Fujimori de llevar a cabo una presunta campaña de esterilizaciones forzadas durante su gestión (1990-2000), a través de un comunicado emitido este sábado.
El fiscal, Marco Guzmán, concluyó que “no habían” pruebas suficientes para culpar a Fujimori de haber esterilizado a hombres y mujeres (en su mayoría indígenas) contra su voluntad y que no incurrió en delitos de lesa humanidad.
La decisión fue recibida con indignación por parte de grupos defensores de Derechos Humanos, que adelantaron que apelarán la decisión.
Igualmente, se determinó que no existe responsabilidad en los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong.
Guzmán explicó al portal en Internet del diario El Comercio que para hacer una acusación de delito de lesa humanidad se tendría que imputar la autoría mediata (dominio del hecho) pero no se cumple el requisito de que haya existido una “estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical”.
“El Ministerio de Salud es otra cosa: nadie puede obligar a un médico a hacer algo contra su voluntad”, acotó.
El fiscal estableció que sí existen elementos de que hubo violación de Derechos Humanos porque “en algunos casos” las esterilizaciones afectaban “la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza”.
A pesar de ello, el comunicado de la fiscalía indicó que Guzmán denunciará a seis médicos por la muerte de una mujer que fue esterilizada en la región norteña de Cajamarca.
La Fiscalía reabrió la investigación en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que el número de mujeres afectadas era muy alto y por lo menos una de ellas había muerto a consecuencia de esas prácticas.
Alberto Fujimori cumple una sentencia de 25 años de cárcel en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el “autogolpe” de Estado que dio en abril de 1992.
