Para quienes se negaban a la canonización de Juan Pablo II por el silencio que guardó acerca de la pederastia de Marcial Maciel mientras fue cabeza del Vaticano, no era de sorprender que un violador de menores se presentara en aquella celebración sin impedimento alguno.
¿Sabían que entre los asistentes a la canonización de Juan Pablo II estuvo un sacerdote mexicano que se dedicó más de 30 años a abusar sexualmente de cientos de menores?
Alto, rubio, con la mirada evasiva, Enrique Córdova, acompañado de sus compañeros de diferentes jerarquías eclesiales, viajó como si fuera un buen samaritano hacia Roma, sin que nadie hiciera públicos sus actos. Su presencia en un evento tan importante y solemne para la iglesia católica no puede explicarse sin la complicidad de la arquidiócesis. Para quienes se negaban a la canonización de Juan Pablo II por el silencio que guardó acerca de la pederastia de Marcial Maciel mientras fue cabeza del Vaticano, no era de sorprender que un violador de menores se presentara en aquella celebración sin impedimento alguno.
El viaje a Europa le sirvió para esconderse de la ley. Lo último que se supo de él, según señala el ex cura Alberto Athié, es que voló a España para fugarse y desaparecer.
Sus cómplices no han sido sólo quienes usan sotana. Resulta que el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, era muy cercano a Córdova, quien incluso fungía como su Consejero Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública.
El silencio de las autoridades eclesiásticas no ha sido lo único que ha alimentado la impunidad de estos actos. Durante los años en que las víctimas denunciaron al padre Maciel, presidentes de la República, jefes de gobierno, gobernadores, jueces y legisladores ignoraron por completo esas denuncias. La complacencia era un acuerdo no escrito que les permitía colaborar para mantener vivos sus intereses.
El caso de Córdova en San Luis Potosí parece estar menos amordazado que el del padre Maciel. Definitivamente, los recursos económicos que le representa a la Iglesia la investidura de Córdova no tienen nada que ver con lo que los legionarios aportan al Vaticano. Aún así, transcurrieron 30 años durante los cuales este sacerdote, a quien el arzobispo señalaba sólo como un descuidado de las buenas costumbres, abusó sistemáticamente de menores de edad mediante actos que iban desde las humillaciones, la tortura psicológica o el sexo oral, hasta la violación.
Tan es así que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que había permanecido al margen de todos estos crímenes, ofreció asesoría legal y jurídica a las presuntas víctimas justo cuando la arquidiócesis – después de varias décadas- dio de baja a Córdova.
Parece que las cosas no se modificarán demasiado. El discurso del presidente se enfoca en las reformas y toca de paso el problema de los migrantes. Tras hacer una invitación teatral al Papa, se ve lejana la posibilidad de que toque estos temas que lastiman profundamente a niños y familias en nuestro país.
Peña Nieto está a tiempo todavía. Si su interés estuviera colocado en sus gobernados y no en las justificaciones plenipotenciarias, habría de pronunciarse en defensa de las víctimas del sacerdocio ahora que el representante del Vaticano pise nuestra tierra.
La complicidad entre las autoridades eclesiásticas y el poder de los políticos mexicanos está a la vista. Lo que llama la atención es la falta de reacciones de las comunidades católicas que no pertenecen directamente al clero. Es incomprensible su indiferencia ante el sufrimiento de las víctimas, la apatía con la que enmudecen y dejan que estos delincuentes ultrajen a los suyos.
Quizá la baja paulatina que ha tenido el número de católicos en América Latina durante estas últimas décadas sea una señal de repulsión ante estas complicidades. Según la investigación del Latinobarómentro, entre 1995 y 2013 la población católica en el continente bajo de 80% a 67%.
Lo que importa ahora es que den con el paradero de Córdova para hacerlo pagar por cada uno de sus crímenes pederastas y que además investiguen a los cómplices que, tanto desde el gobierno de San Luis Potosí como desde la arquidiócesis, permitieron el abuso de los pequeños durante tres décadas.
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