ROSARIO, Argentina – Organizaciones ambientales y sociales de Argentina plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la preocupante situación de pobreza e indigencia de las comunidades campesinas de América Latina debido a la ya conocida industria de transgénicos y agroquímicos que está acaparando los territorios.
La audiencia tuvo lugar en Washington, Estados Unidos, en el marco del período ordinario de sesiones de la CIDH a fines de octubre y contó con la participación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC-Vía Campesina y el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, comunicó dicha organización.
La presentación estuvo acompañada de un informe en el que se describen los obstáculos para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las y los campesinos en América Latina, con especial énfasis en los derechos a la alimentación y al territorio; la situación particular de las mujeres campesinas; y la persecución y criminalización de la lucha campesina.
Dichas organizaciones reclamaron que la agricultura industrial, al instaurarse como nuevo modelo tecnológico que impulsan las corporaciones transnacionales, basado en el uso de semillas transgénicas, además de grandes cantidades de agrotóxicos y maquinarias, tienen por principal objetivo el lucro. Esto se da a partir de la mercantilización de los alimentos, y su incorporación a las dinámicas especulativas de los mercados financieros.
Entre los datos presentados, destacaron que la concentración del mercado global de alimentos e insumos utilizados en la cadena agroindustrial es casi total: Monsanto controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y el 27% del mercado mundial de semillas y, junto con otras diez corporaciones, más del 90% del mercado mundial de agroquímicos, ligados indisolublemente al uso de semillas transgénicas.
CELS afirmó además, que a esta comercializadora se suman ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus,controlando el 90% del comercio mundial de granos. Este modelo en el cual los alimentos se constituyen en mercancías sujetas a la especulación del mercado financiero, constituye una de las causas del hambre en el mundo, y a su vez la principal amenaza para las comunidades campesinas. Estas corporaciones, poseen una fuerte capacidad de lobby sobre los Estados logrando en muchos casos que las políticas agropecuarias están orientadas a maximizar sus oportunidades más que al apoyo a los agricultores y campesinos para el desarrollo rural.
Acaparamiento de tierras
Las organizaciones calificaron de plano a este tipo de agricultura y sus derivaciones, como “agronegocios”, y advierten que avanzan sobre territorios y comunidades campesinas, provocando una tensión entre dos modelos: el modelo de agricultura Industrial y el de la agricultura campesina.
Se informó a la Comisión, además, que en muchos casos esa fricción se resuelve vulnerando derechos de las comunidades campesinas, desembocando en una disputa dentro de los territorios locales.
En este sentido alegaron que tal acaparamiento de tierras por parte de estas empresas y grupos de negocios provoca el famoso éxodo rural de las familias campesinas, pero que además coloca esas tierras en función del mercado global y debilita los mercados locales de alimentos.
A la par, afirmaron que los niveles de pobreza e indigencia persisten en la problemática campesina debido a la falencia en el sistema de políticas económicas de los Estados y que las crisis de abastecimiento de alimentos y económicas tienen un impacto diferenciado en las poblaciones rurales.
Esta desigual correlación de fuerzas se materializa en una situación cada vez más desfavorable para las comunidades campesinas pero también para los pueblos en su conjunto, atento a que cada vez se alimentan peor a mayores costos, concluyeron los especialistas.
El nuevo modelo industrial afecta a millones de campesinos
El CELS enfatizó que las comunidades campesinas son un grupo poblacional de especial relevancia en América Latina y el Caribe.
En sus declaraciones, recordaron que actualmente, de los 595 millones de personas que habitan esta región, el 20,5% viven en zonas rurales, lo cual significa que, a pesar de la migración de los habitantes rurales a los centros urbanos que se ha profundizado en los últimos 30 años, dichas poblaciones continúan teniendo una fuerte presencia dentro de los países de la región.
La agricultura campesina ocupa a nivel global el 25% de las tierras arables con lo que logra alimentar al 70% de la población Mundial, informó CELS.
La no intervención estatal dentro de esta problemática es un disparador dentro de la actual crisis alimentaria global y que se manifiesta, según informaron los expertos, en aproximadamente 1000 millones de personas mal nutridas y 500 millones de obesos.
En su manifiesto ante el comisionado se remitieron, asimismo, a las conclusiones del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (Fida) sobre pobreza, según la cual a 2010 la pobreza en las zonas rurales de América Latina y el Caribe era el doble de la que se presenta en los centros urbanos, y el coeficiente de Gini global demuestra que la región es “líder mundial en la desigualdad de ingresos”.
Las organizaciones peticionantes expusieron que este tipo de problemáticas, si bien han sido una constante en la historia de las comunidades rurales, se profundizaron en la última década.
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